El Tribunal Constitucional falla contra el decreto-ley que ampara las gasolineras desatendidas

El Tribunal Constitucional (TC) cuestiona el encaje en el ordenamiento jurídico del Real Decreto-Ley 4-2013, origen de la proliferación de las llamadas gasolineras desatendidas, surtidores de combustible que funcionan sin la supervisión de un empleado, con el grave perjuicio que eso supone para la seguridad de las personas, para los derechos de algunos colectivos como los discapacitados y para la economía española, pues amenazan con destruir miles de puestos de trabajo.

Por ello, la Agrupación Española de vendedores al por menor de Carburantes y Combustibles (AEVECAR), adherida a la CEC, considera que “sería muy conveniente que el Estado revisase en profundidad la regulación de este tipo de instalaciones, al objeto de salvaguardar los derechos, principios y títulos competenciales recogidos en nuestra Constitución, en los términos en los que, en cada caso, han sido desarrollados por la doctrina del Tribunal Constitucional”.