[pullquote align=»left»]Artículo de Juanma Lamet publicado en Expansión[/pullquote]
Una de las grandes promesas del Partido Popular (PP) para ayudar a los autónomos a superar la crisis fue eximirles de responder por sus deudas con todo su patrimonio.
De esta forma, la Ley de emprendedores aprobó la creación de una nueva figura, el emprendedor de responsabilidad limitada (ERL), cuya vivienda habitual quedaría blindada en los embargos privados.
La ley se aprobó en septiembre. Medio año después, toca hacer balance. Y el resultado es desolador: de septiembre a mediados de marzo sólo se registraron 16 ERL en toda España, según los datos que avanza el Colegio de Registradores a EXPANSIÓN. De Barcelona aún no se tienen datos completos, por lo que las fuentes registrales consultadas apuntan que la cifra podría subir hasta 25.
En todo caso, cifras cuando menos irrisorias y el fracaso de la medida del Gobierno de Mariano Rajoy es muy sonado. Más que una segunda oportunidad para los autónomos, se les ha dado una segunda piel que no les sienta bien y es incluso más costosa.
Sobre el papel la medida podría parecer positiva para los autónomos. Entonces, ¿por qué apenas nadie la usa? En primer lugar, porque para constituirse como ERL hay que hacer más trámites que para crear una sociedad limitada unipersonal (SLU). Si la SLU necesita de una inscripción ante notario y otra en el registro mercantil, para ser emprendedor de responsabilidad limitada hay que inscribir también la vivienda en el registro de la propiedad, para considerarla inembargable en caso de deuda empresarial.
Gastos de contabilidad
En ambos casos, luego se ha de presentar cada año las cuentas anuales (y en su caso auditarlas), lo que tiene un coste de entorno a 2.000 euros (en contabilidad y llevanza de los libros). Con lo cual, a la mayoría de los autónomos no le merece la pena pasar al régimen de ERL. De hecho, el 70% de los nuevos emprendedores son personas físicas, no sociedades.
Eso sí, quienes actúan como sociedad limitada unipersonal no pueden ver afecto su patrimonio personal –y no sólo el inmobiliario– en caso de reclamación de deudas, y los nuevos ERL no, como explica Pere Brachfield, director de estudios de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad.
Pero, ojo, para las viviendas que no se les pueden embargar a los emprendedores de responsabilidad limitada también hay límites: su valor no puede superar los 300.000 euros en una ciudad pequeña y los 450.000 euros en las ciudades con una población de más de un millón de habitantes (o sea, sólo en Madrid y Barcelona)
La Administración gana
Además, otro gran hándicap de esta medida fallida es que si la morosidad del emprendedor es con la Administración Pública, ésta sí le puede embargar la casa (las posibilidades son variadas: deudas con la Agencia Tributaria, con la Seguridad Social, impuestos….).
Todo esto estrecha tanto el embudo que se puede concluir que la creación de la figura del ERL «no da ninguna ventaja, sino alguna desventaja», como apunta Brachfield. «Es mucho más cómodo y más seguro crear una SLU», apostilla. Si se quiere facilitar una segunda oportunidad, lo que hay que hacer es realmente declarar inembargable un mínimo vital para el autónomo, como el salario mínimo interprofesional». Y apostilla que «a un emprendedor que fracase que inicie una nueva actividad debería permitírsele un aplazamiento de deuda fiscal y con Seguridad Social».