El Gobierno quiere reforzar la lucha contra el blanqueo de capitales y, por ello, plantea elevar las sanciones previstas, garantizar el anonimato de las denuncias y exigir a los comercios que vigilen las compras en efectivo de extranjeros superiores a 10.000 euros. Así se explica en un documento que el Ministerio de Economía ha sacado a consulta pública hasta el 10 de junio y que pretende adaptar la ley española a la directiva europea de mayo de 2015.
Respecto a los pagos en efectivo, en el caso de los no residentes el límite seguirá siendo de 15.000 euros, pero los vendedores deberán aplicar medidas de prevención del blanqueo de capitales a partir de pagos superiores a 10.000 euros. Para los residentes la limitación está en 2.500 euros. Además de endurecer las sanciones, el documento contempla modificar el concepto de grupo empresarial, de cara a alinearlo con lo dispuesto en Europa, y crear un registro de personas que se dediquen profesionalmente a la prestación de servicios a sociedades y estructuras jurídicas sin personalidad.