- La medida añade nuevas barreras al consumo y es un error lanzarla en plena Campaña de Navidad.
- El fraude fiscal debe combatirse en su origen y no tratando a todos los ciudadanos de forma indiscriminada, poniendo bajo sospecha a cualquier consumidor que realice compras en efectivo por encima de 1.000€.
- Esta medida supone, de hecho, establecer el carácter obligatorio de disponer de una tarjeta de pago para todos los ciudadanos.
La Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED) y la Confederación Española de Comercio (CEC) lamentan que el plan de ajuste del déficit previsto por el Gobierno se asiente principalmente sobre nuevas barreras al consumo y subidas de impositivas a hogares y empresas.
El nuevo límite de 1.000 euros para las operaciones en efectivo afectará a la actividad comercial. Supone una barrera al consumo y un nuevo coste de transacción, que prácticamente obliga a todos los ciudadanos a poseer una tarjeta. En todo caso, las organizaciones del pequeño, mediano y gran comercio consideran un error plantear esta medida en plena Campaña de Navidad sin haber consultado previamente a los sectores más afectados.
ANGED y CEC defienden sin ambages la lucha contra el fraude fiscal en España. Sin embargo, parece desproporcionado implantar un límite tan bajo para las operaciones en efectivo que prácticamente pone bajo sospecha a cualquier consumidor que realice compras en el comercio. Por tanto, convendría actuar directamente sobre las fuentes del fraude y la economía sumergida en España, que son reconocibles, en lugar de presionar a los hogares y empresas con nuevos impuestos y trabas a su actividad.