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La Comisión de Hacienda del Congreso debatirá este jueves una vez más, a instancias de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), la posibilidad de aplicar el tipo de IVA superreducido (4%) a las facturas de servicios básicos como el agua, el gas y la electricidad, así como al transporte público.
Los diputados catalanes Joan Coscubiela y Laia Ortiz, adscritos a Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), firman una iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que recuerdan que más de 4 millones de españoles están afectados por la llamada pobreza energética, que genera «sobremortalidad, sobreendeudamiento y aislamiento social y geográfico», en el país de la UE con los precios de la electricidad más altos por detrás únicamente de Malta y Chipre.
Unos precios que, a pesar de su elevado nivel, no han dejado de subir en los últimos años (+105,1% de media entre 2001 y 2012) lo que, unido a la crisis económica «agrava la dificultad de afrontar la factura energética a las personas más vulnerables, haciendo crecer con fuerza la pobreza energética y los cortes de suministro».
De hecho, la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) y otras formaciones ya han reclamado con anterioridad en la Cámara Baja una tregua invernal durante la que las compañías eléctricas no puedan cortar el suministro por impago de facturas a causa de una insolvencia sobrevenida, reclamaciones que siempre han sido rechazadas gracias a la mayoría absoluta del PP.
Situación «de emergencia»
«A pesar de que esta situación es de emergencia, el Gobierno se ha negado aportar ninguna solución al respecto. De hecho, la reforma eléctrica del Gobierno empeora la situación de las personas que menos consumen al aumentar el término fijo de la factura un 18%», critican los diputados catalanes firmantes de la iniciativa.
Cree, que sería conveniente aprovechar la reforma fiscal que se presentará antes de que acabe este primer trimestre del año para luchar contra la pobreza energética y la desigualdad con una política tributaria «más justa y progresiva» que incluya una reducción de los tipos del IVA para los servicios básicos.
«Somos conscientes de que no es una solución al problema de fondo pero puede contribuir a reducir las barreras de acceso a estos servicios y a reducir la pobreza y las desigualdades», argumentan Coscubiela y Ortiz.
Además, alegan que el tipo de IVA que se aplica a este tipo de suministros en España se cuenta entre los más altos de Europa. Así, sólo Eslovenia, Portugal y Finlandia gravan la electricidad más cara que España, mientras que en el caso del agua nuestro país es el cuarto con un IVA más costoso, por detrás únicamente de Estonia, Eslovaquia y Finlandia.
En todos los casos, concluye ICV, es posible aplicar un tipo superreducido en virtud de la directiva comunitaria sobre IVA, que permite a los estados miembros esta posibilidad «siempre que no exista riesgo alguno de distorsión de la competencia». «Sólo es una cuestión de voluntad política», insisten.
Vía libre a la privatización del CESCE
El Pleno del Congreso también da luz verde hoy al proyecto de ley sobre cobertura por cuenta del Estado de los riesgos de la internacionalización de la economía española, que supone abrir la puerta a la privatización del 50,25% de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE), y que por ello suscitó el rechazo de toda la oposición salvo CiU, que votó a favor de la norma tanto en el Congreso como en el Senado, al igual que los ‘populares’.
La Cámara Baja finiquitará el procedimiento con el debate de las siete enmiendas que se han introducido en el texto a su paso por el Senado. Una vez aprobadas, el proyecto se convertirá en ley y podrá ser publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para que entre en vigor.
Con estos cambios, se exime a los aspirantes a agente gestor del CESCE de contar con un informe de la Secretaría de Estado de Comercio para demostrar que no existe ningún conflicto de intereses para asumir el cargo, aunque dicho documento sí será necesario para participar en la adquisición de la mayoría social que el Estado tiene en la empresa, dentro de ocho años.
Además se precisa que la no existencia de conflicto de interés para poder prestar adecuadamente el servicio de interés general que se confiará al futuro agente gestor deberá mantenerse tanto en el momento de la designación como durante toda la vigencia del convenio.