Economía quiere que los acreedores públicos también ayuden a salvar pymes

Artículo de Mercedes Serraller para el diario Expansión

«El convenio debe obligar a los acreedores de derecho público». Así lo asegura un documento del Ministerio de Economía, que propone soluciones a las críticas que está lanzando el FMI al sistema concursal español y marca las líneas de la reforma que ultima el Gobierno.

El Fondo visita España desde ayer y hasta mañana para controlar la ley de insolvencias, que a su juicio, no ayuda a pymes ni a autónomos. Entre las principales llamadas de atención del organismo, destaca el a su juicio injustificado privilegio de los acreedores públicos y privilegiados, que a diferencia del resto, no están obligados a cumplir los acuerdos que ayudan a las pymes.

Los acreedores públicos son eminentemente Hacienda y la Seguridad Social, aunque también pueden serlo las comunidades autónomas en el caso de contratos o impuestos, o los ayuntamientos, si reclaman el IBI u otras tasas.

Estos organismos cobran los primeros y no están vinculados por las quitas, esperas y condiciones que establecen los acuerdos de refinanciación o los convenios a los demás acreedores con el fin de que las empresas puedan reflotarse. Los acreedores privilegiados son los que tienen hipotecas o cuentas bancarias.

El FMI señala en su informe, según adelantó este diario el pasado miércoles, que «los planes de reestructuración son muy restrictivos y no obligan a los acreedores privilegiados y, sobre todo, a los públicos, es decir, a Hacienda y a la Seguridad Social».

En este último punto, el organismo destaca que «la mayoría de la deuda de las pymes es con acreedores privilegiados y públicos y su falta de habilidad para liderar los procesos y las votaciones lleva a que las refinanciaciones sean muy ineficaces para las pymes». Estos procesos suelen acabar en liquidación automática, remacha.

Economía recoge el guante y en el citado documento establece que «el convenio debe obligar a los acreedores con garantía real y a los acreedores de derecho público, permitiendo que voten como clases diferenciadas, pudiendo extender los efectos a los acreedores disidentes».

Esta medida, determinante para salvar a las pymes, según los expertos consultados, obligaría al crédito público a entrar en una refinanciación, con posibilidad de veto sólo en lo que respecta a su parte del acuerdo. ElReal Decreto-ley de refinanciaciones, que entró en vigor el pasado 8 de marzo, establece que serán válidos los acuerdos de refinanciación del 51% de los acreedores.

Asimismo, será sólo necesario un aval del 60% de los acreedores ordinarios y del 65% de los reales para esperas de menos de cinco años, y del 75% de los ordinarios y del 80% de los reales para esperas de entre cinco y 10 años, quitas sin límites, capitalizaciones y cesiones de bienes en pago. Sin embargo, a pesar de los intentos de Economía, este Decreto no obliga a Hacienda ni a la Seguridad Social por la oposición de sendos Ministerios.

Este Decreto fue convalidado en el Congreso y se tramita como proyecto de ley «para introducir mejoras». El plazo de enmiendas acaba mañana. De momento, el ministro Luis de Guindos ya ha declarado que extenderá las ayudas a las refinanciaciones al concurso.

Además, Economía también quiere mejorar la fase de liquidación, que «debería ser más eficiente y debiera prever la cesión de contratos, autorizaciones y licencias sin necesidad de consentimiento en el caso de venta de activos como empresa en funcionamiento».

Al liquidar una sociedad se disuelve la persona jurídica, y en el marco actual esto implica que todos los contratos caen –arrendamientos, licencias, etc.–, con lo que no es posible que los inversores compren la unidad productiva en las mismas condiciones.

En este sentido, añade el documento, «se debería pensar la posibilidad de vender la entidad sin deudas, distribuyendo lo obtenido entre los acreedores».

Otro de los aspectos que Economía quiere mejorar es el sistema de impugnación de la lista de acreedores, que ralentiza los concursos y entorpece la llegada de inversores. La reforma del 2011 permite sólo suspender el procedimiento si el acreedor que impugne representa el 20%, pero no ha sido suficiente.

Los jueces suelen suspender el concurso aunque el acreedor descontento no suponga el 20% del pasivo. «La apelación de la lista de acreedores debe agilizarse mediante un proceso rápido de resolución o permitiendo que continúe el procedimiento», constata el documento.