El Consejo de Ministros de ayer aprobó el Anteproyecto de Ley de Resolución Alternativa de Conflictos de Consumo, que abre una vía para garantizar a los consumidores el acceso a la resolución extrajudicial de los conflictos que puedan surgir tras un contrato de compraventa o de servicios celebrado de forma presencial, electrónica, telefónica o por otras vías.
La norma contempla el “establecimiento de mecanismos para dar a conocer a los ciudadanos la existencia de esta forma de resolución de conflictos de consumo”. Además, las empresas podrán exhibir su adhesión a estas entidades como un plus de calidad a su oferta.
Como novedad, el Anteproyecto establece un plazo máximo de resolución de 90 días naturales desde la presentación de la reclamación. En cuanto al coste para el consumidor por la gestión del procedimiento, se fija como máximo en 30 euros, aunque seguirán existiendo procedimientos gratuitos.