Comercio y consumo

Oct 29, 2013 | Sin categoría

[pullquote align=»left»]Artículo del Catedrático de Derecho Mercantil, José Antonio Vega Vega, publicado en el Periódico de Extremadura[/pullquote] Va a cumplirse un año desde que se aprobara la Ley de medidas urgentes de liberalización del comercio. Esta norma partía de la realidad de que en los últimos años el comercio interior, como consecuencia de la recesión económica, […]

[pullquote align=»left»]Artículo del Catedrático de Derecho Mercantil, José Antonio Vega Vega, publicado en el Periódico de Extremadura[/pullquote]

Va a cumplirse un año desde que se aprobara la Ley de medidas urgentes de liberalización del comercio.

Esta norma partía de la realidad de que en los últimos años el comercio interior, como consecuencia de la recesión económica, viene sufriendo fuertes caídas en el consumo. Además se admitía que España, según los datos de la OCDE, es el segundo país de Europa donde más trámites se requieren para abrir una empresa.

El tejido comercial español se caracteriza por la existencia de multitud de pequeñas empresas que ofrecen mayor vulnerabilidad ante una situación de crisis económica, lo que viene provocando el continuo cierre de establecimientos.

En este contexto, el Gobierno ha optado por tomar medidas encaminadas a reducir cargas administrativas y a agilizar la apertura de negocios, y últimamente se ha aprobado una ley de apoyo a emprendedores.
Se piensa, con buen criterio, que el comercio minorista es un elemento dinamizador de la actividad económica y de la creación de empleo, por lo que, para favorecer la recuperación económica, es necesario potenciar este sector, facilitando el libre acceso a las actividades de servicios.

Sin embargo, las acciones emprendidas no han dado los frutos apetecidos. La iniciativa empresarial de apertura de nuevos establecimientos no se ha visto avivada por dichas medidas y, por otra parte, los cierres comerciales han ido en aumento.

Las medidas acordadas, aunque insuficientes, no son desacertadas, lo que ocurre es que no se han adoptado a la par políticas complementarias que podrían haber reactivado el consumo. Al contrario: se han subido los impuestos; no se ha mantenido el poder adquisitivo de funcionarios y pensionistas; se han reducido las inversiones y no se ha propugnado una adecuada política crediticia.

A veces, no basta liberalizar. Ni reformar es recortar. La reducción de la renta disponible y la subida de impuestos no ayudan a estimular el consumo.

 

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