Barcelona paralizará las licencias de más de 400 tiendas emblemáticas para protegerlas

El Ayuntamiento de Barcelona decretará este mes, probablemente en la comisión de gobierno del próximo día 26, una suspensión de licencias de obras y actividades que afectará a una lista de no menos de cuatrocientas tiendas singulares e históricas repartidas por toda la ciudad. Esta es la medida más llamativa y también la más inmediata que adoptará el gobierno de la ciudad para proteger los llamados comercios emblemáticos.

El alcalde de Barcelona, Xavier Trias, prometió en el pleno celebrado a finales de enero que el Ayuntamiento presentaría un programa de acción para evitar la desaparición de estos negocios, amenazados por la crisis y por el severo aumento de los alquileres propiciado por el fin de la moratoria que durante veinte años ha contenido el aumento de los alquileres de los viejos locales comerciales.

La medida de gobierno, que se debatirá en el pleno del próximo día 28, prevé la elaboración, en el plazo de un año, de un plan especial, o tal vez un plan de usos que permita delimitar y aumentar allá donde sea preciso la protección de estos negocios. Este plan explorará la posibilidad -jurídicamente compleja, según reconocen en el propio Ayuntamiento- de proteger la actividad y no sólo el patrimonio mobiliario e inmobiliario que da carácter a estos negocios. La legislación catalana es ambigua en este punto y, como ocurre en otros países, estas medidas de protección corren el riesgo de colisionar con la directiva de servicios de la Unión Europea claramente antiintervencionista.

Entre tanto se define el alcance de este plan especial, estará vigente esta suspensión que incluso podría prolongarse un año más. En la práctica esto significa que el municipio no concederá permisos para poder hacer obras que alteren en profundidad los locales afectados y no otorgará licencias para otras actividades que las que se desarrollan actualmente en estos establecimientos.

El impacto que esta medida pueda tener en el futuro inme- diato de estos comercios es una incógnita tanto para los actuales arrendadores como para los propietarios de estos inmuebles que, en ocasiones, se han visto obligados a acoger en sus propiedades, durante largos años, a unos inquilinos que pagaban unos precios que estaban por debajo del precio del mercado.

Ahora que la extinción de la moratoria prevista en la ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) les permitía resarcirse, la congelación de las licencias puede truncar o al menos obligarles a posponer sus expectativas. La perspectiva de una guerra de litigios legales no es descartable.

El concejal de comercio, Raimon Blasi, reconoce que “nuestra intervención llega hasta donde llega. Nosotros no podemos evitar que un negocio cierre porque no tiene continuidad. Y tampoco podemos impedir que un propietario decida no renegociar con un inquilino”. Pero, a diferencia de lo que Blasi sostenía hasta hace unas semanas -así lo afirmó en diversas comparecencias públicas-, ahora el Ayuntamiento parece que ha llegado a la conclusión de que sí es posible intervenir en las relaciones entre privados como le pedían desde hace tiempo los comerciantes.

La redacción del nuevo plan especial correrá por cuenta del departamento de Hàbitat Urbà, que dirige Antoni Vives, tercer teniente de alcalde del Ayuntamiento. Vives asume así la resolución de la crisis suscitada entorno a la supervivencia del comercio tradicional de la ciudad.

El hecho de que la dirección de este contencioso recaiga ahora en el área de urbanismo no debe interpretarse como una desautorización del responsable de comercio del equipo de Xavier Trias, que no en vano ha recibido críticas por su gestión, sino como la constatación de que el gobierno de la ciudad ha decidido tomarse finalmente muy en serio el asunto. Con las actuales competencias municipales, el Ayuntamiento sólo puede intervenir utilizando las herramientas que ofrece el urbanismo.

Los redactores del plan especial contarán con el consejo de una nueva comisión mixta del paisaje urbano en la que estará representada el área de Hàbitat Urbà y de la agencia del Paisatge Urbà, Barcelona Activa, la dirección de comercio y consumo y los distritos de Ciutat Vella y el Eixample, por el lado municipal, pero también la asociación de Comerços Emblemàtics, la Pimec, el Consell de Gremis y la Fundació Barcelona Comerç.

Por el momento, en esta comisión no estarán representados los intereses del sector inmobiliario, esto es, los propietarios, cuyos portavoces han pedido esencialmente dos cosas en cualquiera de las soluciones que se pudiera adoptar en esta operación: que no se discrimine a nadie -sobre todo a los propietarios y comerciantes que buscaron una solución antes de que terminara la moratoria de la LAU- y que no se alimente la inseguridad jurídica.

La delimitación de qué negocios se verán afectados por esta medida y cuáles quedarán al margen se decidirá en función de un catálogo (ver la información de la página siguiente).

El otro parámetro relevante será el grado de protección. De hecho, parte de los comercios de esta lista de más de 400 posibles candidatos a quedar afectados por esta medida ya disfrutan de algún grado de tutela pública por las características del inmueble que ocupan o por el mobiliario que hay en su interior. La cuestión está en si además es posible preservar la actividad que en ella se desarrolla garantizando así la continuidad más allá de que sus inquilinos o sus propietarios sean distintos. Los redactores de este plan especial no descartan incluso la posibilidad de, no sólo preservar los establecimientos, sino un conjunto de ellos en una determinada calle siguiendo, en este sentido, el modelo que ya ha desarrollado París.

En el Ayuntamiento de Barcelona están persuadidos de que, en buena medida, la preservación de la actividad no depende tanto de las normas como de la cultura comercial de la propia ciudad y advierten: “que un negocio que es ruinoso, que está fuera del mercado, logre sobrevivir no es interesante para nadie”.

De ahí que, en paralelo a estas medidas, el área económica del Ayuntamiento anunciará que pone en marcha una paquete de ayudas destinadas específicamente al comercio tradicional.

Algunas estarán encaminadas a garantizar la continuidad de los establecimientos. Un programa específico promoverá que los comerciantes que deseen dejar su negocio puedan encontrar un sucesor interesado en darle continuidad y a la vez renovar el establecimiento. El programa también incluirá ayudas a la formación y la modernización.

¿Y los propietarios de los edificios? El concejal de comercio, Raimon Blasi, aventura que en un primer momento el único beneficio incluido en este paquete de medidas podría ser una reducción del Impuesto de Construcciones -inviable en buena medida dado que las licencias de obras están suspendidas- pero añade que, “una vez esté terminado el plan especial, no descartamos que podamos ofrecer otras bonificaciones”.